El tráfico de especies de fauna y flora mueve enormes cantidades de dinero cada año, estimados entre unos 8.000 y 20.000 millones de euros al año. Un negocio criminal similar al tráfico de drogas o armas, pero mucho menos perseguido y sancionado.

Es, además, la segunda causa de pérdida de biodiversidad después la destrucción de hábitat y el motivo de que muchas poblaciones de especies estén al borde de la extinción.

El tráfico ilegal de animales no es un problema lejano que sucede entre África y Asia, ajeno a la realidad europea o española. Más bien al contrario. Los últimos datos revelan que España es uno de los principales países europeos en materia de tráfico de especies, situándose como punto caliente en el mapa tanto como puerta de entrada como de salida, además de ser origen de varias especies comercializadas ilegalmente.

A pesar de que los controles aduaneros son cada vez mayores, también lo es el volumen de tráfico de especies, por lo que se estima que solo se detecta la mitad de la cantidad total.

En España, el mayor número de incautaciones corresponde a las pieles de reptiles. De hecho, nuestro país es el principal destino de pieles de reptiles del mundo, por delante de Singapur.

El segundo lugar corresponde a los peces y, más concretamente, a las anguilas. Junto a las rapaces, se trata prácticamente del único caso en el que se comercia con una especie capturada de forma ilegal en España.

Son pescadas cuando son crías (o angulas) y su destino es China, donde son engordadas en los arrozales. Posteriormente, las venden por cantidades astronómicas: un kilo puede llegar a costar 1.500 euros.

Los mamíferos y las aves, tristemente, también ocupan un lugar destacado en el ranking. Se comercia tanto con partes derivadas (colmillos, patas…), como con especímenes vivos para ser vendidos como mascotas (el mono de Gibraltar es uno de los que más ‘éxito’ tiene). En ambos casos, España actúa como puerta de entrada a Europa del comercio ilegal.

El 16 de abril de 2018 se publicó en el BOE el acuerdo de aprobación del Plan de Acción Español contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo Internacional de Especies Silvestres (plan TIFIES), con el que el Gobierno de España se compromete a aplicar el Plan de Acción de la Unión Europea.

Con él, un total de 26 medidas trabajan para prevenir el tráfico ilegal y el furtivismo internacional, aplicar y hacer cumplir las normas que lo persiguen y reforzar la asociación mundial de países de origen, consumo y tránsito.

La organización medioambiental WWF, sin embargo, considera que esto no es suficiente. Por ello, propone la implementación de un plan de acción dirigido a las administraciones implicadas en la lucha contra el tráfico de especies, que asigne un presupuesto específico que solvente la falta de medios, tanto humanos como técnicos, así como que desarrolle una normativa específica.

Del mismo modo, WWF ve necesario incrementar el control sobre la venta de productos por Internet, realizar más trabajos de investigación sobre las redes criminales que operan en España, intensificar los planes de vigilancia y control, crear centros de rescate para los ejemplares afectados y desarrollar planes de repatriación.

Estos últimos dos puntos, a juicio de WWF, son especialmente preocupantes, pues los especímenes vivos incautados son llevados a centros de cautividad que no disponen de los recursos adecuados para su conservación.

Hay que tener en cuenta que muchas de las especies, al ser exóticas, necesitan unas condiciones climáticas y alimentación especiales, así como el cuidado de veterinarios expertos. Actualmente, sin embargo, la mayor parte de centros son voluntarios y no disponen de los fondos necesarios para garantizarían una correcta conservación de la fauna.

Con respecto a los planes de repatriación, la falta de ellos condena a los animales a padecer una vida de sufrimiento, permaneciendo encerrados de por vida en lugares que no están preparados para acogerlos.

Como solución, WWF plantea la creación de un centro de rescate de referencia que organice la llegada y garantice unos cuidados adecuados antes de valorar su posible traslado a otro centro especializado o su repatriación.