Fabiola Barranco | 07·04·2021

“Hoy le toca la vacuna de los 11 meses”, comenta el padre de un bebé a otra madre mientras ambos esperan su turno en la consulta pediátrica en un centro de salud en Madrid. “A mi hija le toca el mes que viene. Yo se las pongo todas porque me parece una suerte enorme poder proteger así a nuestros hijos”, responde ella, mientras el otro asiente con la cabeza.

Desde que la pandemia de la COVID se colara en nuestras vidas, conversaciones de este tipo en las que relucen los avances de la ciencia, el valor de las vacunas y el acceso a ellas, cobran más sentido que nunca y parecen ganar más espacio en nuestra cotidianeidad.

Hace más de un año que este nuevo coronavirus empezara a expandirse agitando el tablero del orden mundial, poniéndonos en jaque y manteniéndonos en alerta. En todo el mundo se han registrado 2,6 millones de fallecidos y más 121 millones de personas infectadas. Pero no solo ha desencadenado una crisis sanitaria, también económica y social. Según estima el Banco Mundial, la cifra de personas que viven en la pobreza extrema podría alcanzar los 150 millones este año. Esto supone un dramático retroceso en los logros obtenidos en las últimas décadas hacia la reducción de la pobreza extrema. Y, sin duda, uno de los factores que más han influido son los efectos de la pandemia de la COVID-19.

Para frenar esta hecatombe se ha puesto en marcha todo un engranaje logístico y de esfuerzos científicos sin precedentes que, como resultado hasta el momento, ha conseguido el hallazgo y producción de al menos ocho vacunas para la COVID que está abasteciendo a cerca de 90 países para inmunizar a sus ciudadanos. Sueros que protegen nuestra salud pero que, para que tengan un impacto real, han de administrarse de manera ágil y equitativa en todo el mundo. Además, es vital compartir y ampliar todos los conocimientos recabados sobre este nuevo virus, así como el rastreo de su propagación y aparición de nuevas cepas.

Y es que, la COVID se ha colado en todos los rincones del planeta, recordándonos que es necesario generar un entorno de solidaridad y responsabilidad global para defender el Derecho a la Salud, recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia sanitaria y los servicios sociales necesarios”. De no hacerlo el riesgo es demasiado elevado.

“El mundo está al borde de un catastrófico fracaso moral, y el precio de este fracaso se pagará con vidas y medios de subsistencia en los países más pobres del mundo”, advertía Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el pasado 18 de enero en rueda de prensa.

Precisamente, para evitar que esto ocurra, la OMS ha puesto en marcha la campaña #VaccinEquity (Equidad de la vacuna, en inglés) que apela a la solidaridad internacional para garantizar que la vacunación de los trabajadores de la salud y personas mayores esté en curso en todos los países. También en aquellos más empobrecidos que se ven en los márgenes de los acuerdos e intereses comerciales. Este 7 de abril, Día Mundial de la Salud, es la fecha marcada en el calendario como meta para alcanzar este reto.

“En la mayoría de los países de ingresos bajos y medianos, la vacunación ni siquiera ha comenzado, lo que es una catástrofe a medida que los hospitales se llenan. Debemos actuar con rapidez para corregir esta injusticia. Múltiples variantes están mostrando una mayor transmisibilidad e incluso resistencia a las herramientas de salud necesarias para combatir este virus. La mejor manera de poner fin a esta pandemia, detener las variantes futuras y salvar vidas es limitar la propagación del virus mediante la vacunación rápida y equitativa, comenzando por los trabajadores de la salud”. Este mensaje aparece en una declaración impulsada por la OMS y a la que se han adherido numerosas organizaciones e instituciones, entre las que se encuentra Anesvad, que insta a los líderes globales, nacionales y locales para acelerar el despliegue equitativo de vacunas en todos los países, comenzando por los trabajadores de la salud y aquellos con mayor riesgo de contraer la enfermedad.

Paralelamente, está en curso el fondo COVAX, un plan de vacunación impulsado por este organismo de Naciones Unidas y la fundación Gavi y la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante Epidemias (CEPI) que busca la alianza internacional para el desarrollo, compra y entrega de vacunas a más de 180 países, especialmente en aquellos de ingresos medios o pobres. Del cual se espera que, para finales de 2021, se hayan proporcionado más de 2.000 millones de dosis, de las cuales, 1.300 millones están destinadas a los 92 países más pobres que participan en este mecanismo.

Pero la brecha sigue siendo grande. En septiembre, las vacunas estaban reservadas en un 51% para los países que sólo tienen el 13% de la población. Las grandes potencias mundiales comenzaron sus campañas de vacunación contra la COVID a finales del pasado año. Estados Unidos, el país con más fallecidos a causa de esta enfermedad, empezó su proceso para inmunizar a su población el 14 de diciembre. El 27 del mismo mes ocurría en la Unión Europea. Sin embargo, Ghana tuvo que esperar hasta el pasado 23 de febrero para recibir 600.000 dosis de la vacuna AstraZeneca / Oxford, convirtiéndose así en el primer lote enviado y entregado en África por el plan COVAX.

Sobre la mesa queda el doble reto de acabar con el nuevo coronavirus, pero también de sentar precedente en la agilidad y recursos para combatir otras enfermedades que siguen en activo (algunas tan graves como la tuberculosis, la malaria o las enfermedades tropicales desatendidas), cuyo olvido suponen otra pandemia: la DESIGUALDAD .