Fabiola Barranco | 07·04·2021

“El sistema sanitario no puede quedarse congelado. Antes del coronavirus teníamos otras enfermedades y ahora tenemos que seguir funcionando. Esta pandemia ha puesto de relieve, una vez más, la importancia de la sanidad pública”. Quien lanza esta voz de alerta, que bien podría aplicarse a cualquier rincón del mundo, es el doctor Benedict Quao, director del Hospital General de Ankaful y coordinador del Programa de lucha contra la lepra del Servicio de Salud de Ghana. Un profesional sanitario incansable en la lucha contra Enfermedades Tropicales Desatendidas en un país que, como ocurre en otros muchos territorios africanos, ya sufrían los estragos de un sistema sanitario deficiente y falto de recursos, tanto materiales como humanos.

En Ghana, según la OMS, la disponibilidad de camas en los hospitales es de 0,9 por cada 1.000 habitantes; frente a las tres camas por cada 1.000 habitantes, con las que cuenta España. Otro dato relevante y que nos aproxima a las carencias del sistema sanitario en el país africano es que sólo dispone de un respirador por cada 448.000 habitantes, mientras que, en España la media es de uno por cada 3.300 habitantes.

Sin embargo, ni semejante precariedad es capaz de frenar la profesionalidad y dedicación de tantos trabajadores sanitarios que, como el doctor Quao, dedican su vida a mejorar la de otros

“Me encanta mi trabajo. Cuando estás con la gente en sus casas es cuando se sienten con la confianza de contarte todas las dudas, las cuestiones que les preocupan. Esas personas están en sus casas y eres tú quien va y te cuentan todo lo que les preocupa sobre la salud”, confiesa Edna Mensah, enfermera del centro de Salud de Pakro, en Ghana. Y es que su vocación le lleva a recorrer comunidades donde realiza visitas domiciliarias para tratar y acompañar a personas que sufren enfermedades tan olvidadas como la úlcera de Buruli. Se trata de una infección crónica y debilitante de la piel y los tejidos. Es una afección enmarcada dentro de las Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD), que está muy presente en los países de África Subsahariana y se ceba especialmente con las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

“La enfermera es un eslabón muy importante en el sistema sanitario. Están por todas partes”, resalta Hector Ahissi, diplomado en enfermería y técnico superior en dermato-leprología en el CDTUB de Allada, Benín. Ver a su abuela enferma le llevó a la profesión que ejerce hoy en día, cuidando a pacientes que padecen enfermedades tropicales desatendidas. Pero más allá de los cuidados, dice, llevan a cabo una importante labor de “sensibilización y actividades de promoción de la salud”.

Por eso, podría decirse que, profesionales como Mensah o Ahissi, tratan y combaten este tipo de enfermedades, atravesando una loable carrera de fondo. Solo cuentan con el respaldo de algunas ONG como Anesvad, que contrasta con el olvido de la comunidad internacional al que están relegadas. Una indiferencia que muchos temen que se repita con la llegada del nuevo coronavirus al continente africano.

Y, es que, según advierte el director del Centro de Control y Prevención de Enfermería de la Unión Africana, hasta 2023 este continente no conseguirá llegar al umbral del 70% de vacunación de la población, como mínimo establecido por la OMS como necesario para lograr la inmunidad del grupo. Un objetivo que, además, permitirá revertir el colapso de los sistemas de salud y las crisis sociales y económicas que ha desatado la COVID. Un reto que, países europeos, como es el caso de España, alcanzarán previsiblemente este año 2021.

Las estadísticas demuestran que los ritmos de vacunación a nivel global son muy desiguales entre países enriquecidos y los del Sur global. Y África es un fiel reflejo de ello. Por ejemplo, en Togo, Benín, Costa de Marfil y Ghana, el número de dosis de vacunas adquiridas no llegaría a cubrir ni el 5% de su población. A pesar de que los dos últimos fueron, precisamente, los primeros países africanos en recibir las vacunas del fondo COVAX, el mecanismo internacional creado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para garantizar la equidad en la distribución entre países.

Dentro de este marco, para estos cuatro países, la primera ronda de vacunas AstraZeneca, llegó a finales de febrero y principios de marzo. Y la previsión en la distribución de los inocuos que alcanzaría para la población es de un 3,9% Ghana, un 3,85% en Costa de Marfil, un 4,12% en Togo y un 3,86% en Benín.

Pero el principal escollo para acelerar el ritmo de vacunación y que este sea equitativo a nivel mundial, son las patentes. Este mecanismo jurídico establecido para que las farmacéuticas no solo recuperen la inversión en el proceso de investigación, sino que, además, obtengan beneficios económicos importantes.

Como recuerda Garbiñe Biurrun, jurista y presidenta de Anesvad, “si se mantienen las patentes de las vacunas contra la COVID-19, se mantendrán todos los obstáculos a su fabricación, comercialización y distribución, por lo que solo se producirá el número de vacunas que decidan las empresas titulares de las patentes, al precio que decidan y que las venderán a quienes decidan”. Esto supone que los países empobrecidos no podrán costear la compra de dosis suficientes para inmunizar a su población. Y, lo que es más grave, la brecha de la desigualdad aumentará de manera abismal.

Para evitarlo, la India y Sudáfrica han solicitado a la Organización Mundial del Comercio (OMC), entidad reguladora de las patentes a nivel mundial, que suspenda los derechos de propiedad intelectual sobre cualquier tecnología, medicamento o vacuna contra la COVID-19. Al menos, hasta que se consiga la inmunidad de grupo global. Una petición que, hasta la fecha, ha sido rechazada y no se vislumbra esperanza.

Por su parte, la sociedad civil también se suma a acabar con la barrera de las patentes. En la Unión Europea, está en marcha la recopilación de firmas entre ciudadanos de los países miembros para presentar una Iniciativa Ciudadana Europea, que insta a la Comisión Europea a poner en marcha todas las medidas necesarias para garantizar que los derechos de propiedad intelectual, como las patentes o las licencias, no limiten la disponibilidad de tratamientos y vacunas contra COVID-19.

Este bloqueo y desigualdad en el curso de vacunación, alimentado por intereses financieros, deja un escenario poco esperanzador. El virus sigue activo y desarrollando nuevas cepas más contagiosas. Y, lo que es más alarmante, cada vez aumenta más el riesgo de que una parte importante de la población mundial quede desprotegida.

En marzo, África ya supera los cuatro millones de casos COVID. Si bien es cierto que el 66% de los contagios se concentra en cinco países que, además, coinciden con los que cuentan con sistema sanitarios más sólidos. Marruecos aglutina el 12% de casos en el continente, Túnez el 6%, Egipto el 5% y Sudáfrica el 38%. Éste último además es el epicentro de la pandemia en África, donde se ha desarrollado una nueva cepa más contagiosa y letal. En otros, como Costa de Marfil, su tasa de contagios está en alza, lo que supone un riesgo elevado para su población si se tiene en cuenta su capacidad sanitaria: 0,9 camas por cada mil habitantes y un respirador por cada 313.000 habitantes.

“En África, aunque no se tengan UCIs, respiradores o ambulancias con oxígeno, es la atención primaria, a través del trabajador de salud del pueblo, que controla y notifica los casos, lo que ayuda a prevenir la expansión del virus”, señala Berta Mendiguren, doctora en Antropología de la Medicina, Miembro del Grupo de Estudios Africanos (GEA) de la UAM y Patrona de Anesvad.

“Los países africanos supieron sacar lecciones de emergencias como la del ébola, y esto les permite saber cómo actuar. Esto es una ventaja sobre nosotros, que no estamos acostumbrados a estas situaciones. Culturalmente, en África se está preparado para la emergencia, para lo imprevisto”, añade Berta.

Una capacidad de resiliencia que brilla gracias al trabajo de profesionales como Félicité Blanche Hedible, enfermera de Benín, que lleva años luchando por mejorar la movilidad de pacientes que han sufrido alguna incapacidad causada por la úlcera de Buruli. “Mi trabajo exige una atención constante, a veces vengo los fines de semana” relata, sin esconder su vocación: “es una profesión apasionante, sobre todo cuando, al finalizar el tratamiento, los pacientes recuperados reconocen nuestra labor y nos la agradecen”.