Las economías africanas, ya dependientes en un contexto mundial sin alteraciones, pueden llegar a sufrir una inestabilidad política por las consecuencias de esta crisis. África importa el 40,4% de su producción de Ucrania y Rusia. 39 de los 54 países del continente dependen en su totalidad de las importaciones de Rusia, como es el caso de Benín, donde el gobierno intenta salvar la situación eliminando el IVA de los productos que contengan trigo para evitar la escalada de precios.

“Es una situación preocupante en el país” —dice Flora Houndjrebo, del equipo de la Fundación Anesvad en Benín, organización española que trabaja en África subsahariana reforzando sistemas sanitarios en contextos empobrecidos.— “Se debate de manera informal. El 3 de abril, el ministro de economía organizó un debate oficial sobre la carestía de la vida en general, que reunió en una mesa al propio ministro, un sindicalista, un representante de los consumidores y un representante de la patronal”.

El pasado mes de febrero, el precio de la energía aumentó un 7,7%, el del petróleo un 11,5% y el de los alimentos un 5,7%. Desde el inicio de la invasión hasta el mes de marzo, el coste de un saco de trigo aumentó un 40% en Túnez, mientras que en Egipto, el precio subió un 50% en solo un fin de semana. La escasez de productos se centra en la harina de trigo y en todos sus derivados, en el aceite importado, la gasolina y el gasoil.

“No podemos afirmar si la situación va a mejorar a corto plazo o no. La única alternativa a la subida de precios es promover el consumo de productos locales. Para ello, habría que promover la emprendeduría local” -sugiere Houndjrebo.

Y es que la situación en países en vías de desarrollo es dañina. África viene de sufrir su primera recesión en un cuarto de siglo (con una contracción del 2%) tras la pandemia de COVID-19. Las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania están hiriendo a una población que tiene al 40% de sus habitantes sumidos en la extrema pobreza y que subsisten con dos dólares al día, a pesar de que el PIB de África se ha cuadruplicado en los últimos 35 años. La seguridad alimentaria, así como el acceso a la sanidad, e incluso la exportación de cacao, están en grave peligro.

Las consecuencias socioeconómicas de la guerra de Ucrania están poniendo en graves aprietos a las familias africanas que ya de por sí tienen problemas para realizar una comida sana al día, lo que llevará a un aumento de la malnutrición y a agravar, a su vez, la situación de pobreza. Hablamos, además, de países en los que las inestabilidades políticas y económicas derivadas de esta crisis pueden acarrear conflictos armados, y en los que ya se están viviendo manifestaciones violentas y tensiones sociales.

A corto plazo, los esfuerzos de organizaciones como la Fundación Anesvad se centran en solucionar la brecha entre el presupuesto programado y la escalada del actual. Las dificultades de desplazamiento que afectan a las actividades en el terreno, las compras, los precios de alojamiento y restauración que han aumentado de manera drástica, y las actividades necesarias en su profesión para garantizar el acceso a la salud de una población que sufre, una vez más, un castigo innecesario que limita sus posibilidades de desarrollo.

Y es que, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia sanitaria y los servicios sociales necesarios”. El Derecho a la Salud es una cuestión básica que debe ser garantizada en todo momento y en cualquier lugar del mundo, pero más aún en situaciones tan vulnerables como una crisis global, en el presente, pero sobre todo con perspectiva de poder ser garantizado también en el futuro más cercano.