Un año después de la invasión de Rusia a Ucrania, la huella producida en los niños y niñas que la han padecido permanece de forma imborrable en su presente, y marcará de manera inexorable su futuro. Incluso antes de la crisis, la infancia era el grupo más vulnerable. Casi uno de cada tres niños vivía en la pobreza y uno de cada siete en la extrema pobreza. Para quienes habitaban en las regiones de Donetsk y Lugansk, las bombas y los ataques ya eran parte de su cotidianidad desde 2014. Convivían con las minas y otros explosivos que se convirtieron en la primera causa de muerte o lesión entre la infancia.

La pérdida de la educación en los niños y niñas ucranianos tiene un impacto en el corto plazo, pero también a largo. Irina, de Ivano-Frankivsk, de 13 años, lo resume así: “Yo me tomo más en serio que nunca la escuela porque sé que ahora lo que yo estudie es importante para mi país y nuestro futuro”. Hay que poner en evidencia que 5,7 millones de niños en edad escolar han visto interrumpida su escolarización, bien porque las escuelas —un 21%— están inutilizadas o porque los cortes de internet dificultan las clases en línea.

Oxana es otra niña que, con solo 13 años, ya ha visto y vivido en primera persona lo que significa una guerra. “Quiero decir a los países que la educación es ahora mi única tabla de salvación. Creo que me hundiría si no pudiese ir al colegio”. Ella puede asistir a clase cuando el cese de los ataques lo permiten. Sin embargo, según el Ministerio de Educación y Ciencias de Ucrania, hasta la fecha han sido dañados 2.638 centros educativos y otros 437 han sido totalmente destruidos de los 14.783 existentes antes de la invasión, es decir un 21% del total. Las regiones del este y el norte han sido especialmente afectadas por las bombas y el fuego de artillería, y es ahí donde se concentra la gran mayoría de los impactos. Esto ha impedido la disponibilidad y el acceso al colegio para al menos cerca de medio millón de niños, niñas y adolescentes que viven en estas zonas del país.

El derecho a la educación asegura el bienestar para el desarrollo de la persona y la erradicación de la pobreza. Desde Educo se insiste en que un conflicto como este no significa solo la pérdida del presente, sino también del futuro. “El derecho a la educación es habilitador de otros derechos, permite el desarrollo económico, aporta autonomía a las mujeres, promueve valores como la igualdad, el respeto y la tolerancia. Negar ese derecho tiene un impacto muy grande en toda la sociedad. Además, la educación en contextos de guerra puede ayudar a las nuevas generaciones a superar la crisis que están viviendo, y otras que puedan venir”.

Sin embargo, los desafíos sobre el terreno van más allá de la reconstrucción de las escuelas o la atención académica. Los que acuden al colegio lo hacen en espacios precarios porque las aulas están abarrotadas debido a la llegada de niños, niñas y adolescentes que se han visto obligados a cambiar de lugar de residencia. También es difícil seguir las clases desde casa debido a cortes de luz constantes. En este contexto, el profesorado está desbordado, con el añadido de que no siempre es capaz de responder a quienes presentan traumas. “Llevo 30 años siendo profesora y nunca me había enfrentado a una situación así. Hemos recibido algún apoyo puntual de psicólogos, pero en mi día a día me enfrento a situaciones con niños con traumas a quienes no siempre puedo dar respuesta y es muy frustrante”, comenta Dariya, profesora de historia en Leópolis.

Un problema que se ve agravado por la falta de profesorado y demás personal educativo, obligado a huir dentro o fuera del país. Un sector en su mayoría conformado por mujeres, quienes componen principalmente la población adulta en situación de desplazamiento. Se estima que alrededor de 22.000 profesores y profesoras se han refugiado en otro país —el 5% del total— y 43.000 —10%— se han desplazado internamente. Además, el deterioro económico del país está provocando que los salarios de las y los maestros hayan caído en un 17%. En el este del país, además, la situación ya era especialmente precaria, y el 30% de los centros educativos ya declararon no tener suficiente personal antes de que estallara el conflicto.

Los y las profesoras se ven afectados por el mismo contexto de conflicto y deben lidiar con experiencias de dolor, duelo y sufrimiento similares a las de los niños, niñas y adolescentes a los que educan. El bienestar de este colectivo es crucial no solo por ser un fin en sí mismo sino por la calidad del apoyo que pueden ofrecer a los estudiantes. Sin embargo, no suelen recibir la ayuda psicológica que necesitan, una asistencia clave teniendo en cuenta que al menos el 30% del profesorado compatibiliza sus obligaciones laborales con su dedicación a servicios comunitarios y humanitarios, además de hacerse cargo de sus familias y otras personas dependientes que han acogido.

La comunidad internacional ha respondido al conflicto ucraniano. Sus profundas implicaciones en el mapa geoestratégico y político global, las cifras de desplazamientos jamás registradas en el continente, y el fuerte impacto en los mercados energéticos y alimentarios, hacen que esta sea una de las crisis mejor financiadas de los últimos tiempos. En Ucrania se han destinado todos los fondos para educación solicitados por la ONU. Pero también hay que tener en cuenta a los países limítrofes, Polonia, Moldavia o Rumanía, que han recibido a miles de familias huyendo de la guerra. “Allí los fondos son insuficientes y dejan a esos gobiernos —que a menudo tampoco tienen los recursos necesarios— con la responsabilidad de cubrir las necesidades educativas de las personas refugiadas”, explica Orenes.

En contextos de crisis los gobiernos quizás no tienen la capacidad de garantizar este derecho, por lo que se hace urgente la ayuda de la comunidad internacional. En una guerra, es tan importante asegurar que los niños y las niñas pueden seguir estudiando como que tengan alimento, agua y refugio.

El informe La educación en emergencias que protege. El caso de los niños y niñas de Ucrania, realizado por Educo, subraya la importancia de no relegar la educación a un segundo lugar. Si bien es cierto que la educación sigue siendo un área no priorizada, como en la mayoría de las emergencias, en Ucrania los fondos destinados al sector educativo han cubierto el llamamiento de la ONU, con un desembolso de 73,1 millones de dólares. A pesar de ello, el Cluster de Educación en Ucrania, alerta de que las necesidades educativas siguen creciendo a medida que la guerra avanza.

Según datos de Naciones Unidas de 2022, España se ha comprometido con la crisis de Ucrania a donar 39 millones de dólares, siendo el principal destino de la ayuda humanitaria española ese año. De estos millones, ya se han desembolsado 15,6, y al menos 2,5 se han destinado a educación, lo que supone un 17% del total desembolsado, que supera el 10% que recomienda la Campaña Mundial por la Educación. “Reconocemos el esfuerzo de España en Ucrania; demuestra que cuando hay voluntad política se pueden destinar recursos a la educación. Ojalá pasara lo mismo con otras crisis de larga duración como Siria, hoy impactada por el terremoto, Yemen o Afganistán”, apunta Orenes.

La educación es un derecho fundamental para el desarrollo humano y la erradicación de la pobreza. Los niños rara vez tienen una segunda oportunidad en la educación. Cuando la oportunidad se ha perdido debido a una crisis, no supone solo una pérdida para el individuo, sino una pérdida del capital y de la capacidad de una sociedad para recuperarse. Negar el derecho a la educación somete al individuo a la ignorancia y ello reduce sus capacidades, además de su esperanza y calidad de vida presente y futura. En contextos de crisis parece que este derecho puede ser secundario porque su negación no compromete su supervivencia —como la ayuda médica o alimentaria—, pero va eliminando poco a poco y por generaciones las posibilidades de llevar una vida en que el individuo disfrute plenamente de sus derechos.

“Si algo hemos aprendido a lo largo de los años trabajando con comunidades afectadas por emergencias humanitarias, en lugares tan diferentes como Bangladesh o Sahel, es que la educación salva vidas y no es un derecho que pueda parar”, indica Orenes: “Son doce meses de guerra y devastación pero seguiremos esforzándonos para garantizar la educación de millones de niños y niñas en Ucrania”.