El otro pilar de la descarbonización:

Según las previsiones de la compañía, este aumento de la inversión, junto con unos trámites administrativos más ágiles y la adaptación a la normativa europea, hará posible que toda la planificación esté ya en funcionamiento o en marcha en el año 2031. Esta planificación de la red de transporte, que aprueba el Gobierno y se encuentra en elaboración, prevé una inversión superior a los 13.000 millones de euros. De ellos, 11.100 millones, el 85 %, corresponderían a infraestructuras ya operativas en esa fecha, y los 2.000 millones restantes estarían en fase de ejecución.

Antes, entre 2026 y 2029, Redeia destinará directamente 6.000 millones de euros al transportista y operador del sistema (TSO). A esta cifra se suman las inversiones realizadas en 2025 y las previstas para 2030 y 2031, formando un plan continuo que permitirá cumplir los plazos de puesta en servicio previstos.

“Con el nuevo plan estratégico damos un salto hacia el futuro para ejecutar la próxima planificación, aún no aprobada, con el foco puesto en las nuevas demandas del tejido productivo, centros de datos, electrificación del transporte, puertos o hidrógeno verde, entre otros consumos”, ha explicado la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor. En su opinión, esta nueva fase de la transición ecológica exige no solo más inversión en infraestructuras, sino también “incorporar tecnología, digitalización, innovación y nuevas capacidades para una operación del sistema eléctrico cada vez más compleja, cuya prioridad seguirá siendo la seguridad del suministro”.

La dimensión del esfuerzo inversor da continuidad a una tendencia que la compañía ha venido acelerando en los últimos años. “El esfuerzo comprometido consolida una senda que la compañía ha acelerado en los últimos años, tras multiplicar por cuatro la inversión desde 2020”, ha señalado el consejero delegado de Redeia, Roberto García Merino. A su vez, ha subrayado que esta estrategia se ha planificado con antelación en materia de aprovisionamientos, lo que permite que más del 70 % de los suministros necesarios hasta 2029 ya estén garantizados, reduciendo así riesgos asociados a la cadena de suministro.

Como consecuencia directa de este impulso, Redeia prevé un crecimiento del 35 % en su base de activos regulados (RAB) durante el periodo 2026-2029, hasta alcanzar los 12.000 millones de euros a finales de ese ejercicio. Si se tiene en cuenta la obra en curso estimada, la cifra se elevaría hasta los 14.400 millones. Más allá del horizonte inmediato del plan, la compañía estima que la base de activos regulados superará los 15.000 millones de euros a cierre de 2031, a los que se sumará una obra en curso cercana a los 2.000 millones de euros.

El plan estratégico no se limita al sistema eléctrico peninsular. Redeia también consolidará su actividad internacional en transmisión eléctrica en Latinoamérica, donde desplegará inversiones cercanas a los 150 millones de euros a través de su filial Redinter. Estas inversiones se concentrarán en el refuerzo y expansión de las redes de transporte en países como Brasil, Chile y Perú, mercados en los que la compañía ya cuenta con una presencia relevante y experiencia operativa.

En paralelo, el grupo revalida su apuesta por las telecomunicaciones a través de Reintel, el mayor operador en España de la llamada fibra óptica oscura, desplegada sobre la red de transporte del sistema eléctrico y la red ferroviaria. El plan contempla una inversión de 110 millones de euros destinada a ampliar la capacidad de su red y atender la creciente demanda de conectividad de alta calidad. El objetivo último es contribuir a la eliminación de la brecha digital y ofrecer infraestructuras clave para el desarrollo económico y tecnológico de los territorios.

Todo este despliegue se apoya en una política financiera que la compañía define como responsable. Redeia prevé acometer este ciclo inversor sin necesidad de ampliar capital, gracias a una estructura de financiación sólida y diversificada. Las previsiones apuntan a un crecimiento anual del EBITDA superior al 5% hasta 2029 y a un aumento del beneficio neto en el entorno del 3%, cifras que refuerzan la viabilidad económica del plan.

La estabilidad financiera se traslada también a la política de retribución al accionista. El grupo ha reafirmado su compromiso con un dividendo creciente y sostenible, con una senda clara para alcanzar los 0,87 euros por acción en 2029, lo que supone un crecimiento anual del 2% durante el periodo del plan. Una señal de continuidad y confianza en un contexto de fuerte inversión y transformación estructural.

Junto al Plan Estratégico, Redeia ha presentado su nuevo Plan de Sostenibilidad para el periodo 2026-2029, una vez cerrado el anterior ciclo con un grado de cumplimiento del 106%. Este nuevo marco se concibe como una palanca fundamental del crecimiento del grupo y se articula en torno a dos grandes ambiciones: contribuir a la construcción del modelo energético del futuro y generar un impacto positivo en las personas, los territorios y el medio ambiente.

Entre los objetivos definidos figuran la integración segura de generación renovable, el impulso a la descarbonización de la economía, la reducción significativa de emisiones, la protección de la biodiversidad y el desarrollo territorial. El plan extiende además criterios de sostenibilidad a toda la cadena de suministro y refuerza la innovación, la digitalización y el modelo ético de gobernanza, avanzando hacia una financiación cada vez más sostenible.

“En conjunto, estos objetivos nos permiten afrontar la transición energética con rigor, responsabilidad y visión de futuro, asegurando que nuestro crecimiento vaya siempre acompañado de valor social y ambiental para lo que contamos con nuestra Estrategia de Impacto Integral y un nuevo Plan de Innovación Social”, ha concluido Corredor, subrayando que la estrategia se apoya en una visión integral del impacto de la compañía. Con este nuevo ciclo inversor, Redeia se posiciona como uno de los actores clave para que la transición energética en España pase del diseño a la realidad, conectando los grandes objetivos climáticos con infraestructuras concretas, inversiones sostenidas y una planificación a largo plazo.