Esta afirmación que se repite a menudo desde que se empezó a distribuir la vacuna resulta cada vez más incuestionable a medida que vamos comprobando la amenaza que suponen las nuevas cepas del virus. Sin embargo, el acceso a la vacuna no está siendo igualitario y son las poblaciones más vulnerables las que a menudo se están quedando al margen de los planes de vacunación.

Las personas refugiadas y desplazadas, incluidos los refugiados y refugiadas de Palestina, se encuentran entre las poblaciones más afectadas por esta devastadora crisis. Para los 5,7 millones de personas refugiadas de Palestina que atiende UNRWA, esta pandemia ha añadido otra trágica dimensión al desplazamiento, la desposesión y la violencia que ya venían experimentando.

Al principio de la pandemia parecía que el bloqueo y las restricciones de movimiento que sufren a diario podían evitarle a los habitantes de Cisjordania, y sobre todo de Gaza, una transmisión generalizada del virus que desbordaría su ya frágil sistema sanitario. Si la COVID-19 había conseguido poner en jaque a sistemas sanitarios robustos, qué no pasaría en Gaza, donde 14 años de bloqueo y tres ofensivas a gran escala han dejado el sistema de salud completamente colapsado.

Y de hecho, hasta principios de julio de 2020 no había muchos casos en el territorio Palestino ocupado. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por UNRWA, la Agencia de la ONU que atiende a las personas refugiadas de Palestina, para prevenir los contagios, el virus no se paró a las puertas de los campamentos de personas refugiadas. Desde entonces, la incidencia ha ido en aumento poniendo en riesgo a toda la población, pero especialmente a la población refugiada de Palestina con décadas de ocupación a sus espaldas que han debilitado su economía, su tejido social y su sistema de salud.

A solo unos cuantos kilómetros de distancia, en ocasiones metros, la situación es muy diferente. Mientras que en abril el territorio Palestino ocupado registraba 12.000 contagios por cada millón de habitantes y se enfrentaba a la peor ola que han vivido en la zona, con su ya de por sí frágil sistema sanitario al límite, al otro lado del Muro que separa los territorios, Israel registraba mínimos diarios solo vistos durante el confinamiento estricto de 2020. ¿La diferencia? Una de las campañas de vacunación más eficaces y alabadas a nivel mundial. También, una de las más discriminatorias, ya que no incluye a los 4,7 millones de palestinos y palestinas, entre ellos más de 2 millones de refugiados, que viven bajo ocupación israelí en Gaza y Cisjordania.

En tan solo seis meses Israel ha vacunado a más del 60% de la población, incluyendo a los colonos que viven ilegalmente en territorio palestino, y cuenta con la tasa de vacunación más elevada del mundo. Esta realidad ha puesto de manifiesto la discriminación sistémica que sufre la población palestina.

Israel justifica este trato diferenciado sobre la base de que el Acuerdo Interino Israelí-Palestino de 1995, una parte integral de los Acuerdos de Oslo, que establece que la Autoridad Palestina asumiría la responsabilidad de la atención médica en el territorio palestino, incluidas las vacunas. Sin embargo, los expertos en derecho humanitario internacional de Naciones Unidas y de ONG señalan que los Acuerdos de Oslo deben interpretarse y aplicarse de conformidad con el derecho internacional y no pueden apartarse de su obligación de garantizar el bienestar de la población ocupada. 

Esta afirmación de Raquel Martí se basa en que Israel, como potencia ocupante, está obligada en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra, a mantener los servicios de salud en el territorio ocupado. El artículo 56 requiere que Israel adopte y aplique “las medidas profilácticas y preventivas necesarias para combatir la propagación de enfermedades contagiosas y epidemias” en cooperación con las autoridades nacionales y locales. Si la población protegida está insuficientemente abastecida, la potencia ocupante está obligada en virtud de la Convención a facilitar los planes de ayuda “por todos los medios a su disposición”. Incluso si los envíos de ayuda, incluidos los “suministros médicos”, son proporcionados por otros, el artículo 60 establece que dichos envíos “no eximirán de ninguna manera a la potencia ocupante de ninguna de sus responsabilidades” en materia de atención de la salud de la población protegida. 

Por el momento, la población palestina depende de las dosis limitadas que pueda conseguir la Autoridad Palestina y las que les lleguen a través de la iniciativa global COVAX, que serán suficientes para inmunizar a tan solo el 20% de la población, muy lejos de la inmunidad de rebaño, y que además están llegando muy lentamente. La vacunación se complica aun más en Gaza donde el bloqueo dificulta la entrada de vacunas. Así, más de 4,7 millones de personas palestinas seguirán expuestas al virus, mientras los ciudadanos israelíes que viven cerca, tendrán inmunidad. Una diferencia dramática de acceso a la atención médica que se produce en medio de la peor crisis de salud mundial en un siglo.

¿Cómo te enfrentas a la COVID en la cárcel a cielo abierto más grande del mundo? La franja de Gaza es una de las zonas con mayor densidad del planeta, dos millones de personas, entre ellas 1,4 millones de refugiados y refugiadas de Palestina, viven atrapadas en los 365 km2 de este enclave costero que desde 2007 se encuentra bloqueado por tierra, mar y aire, y que sufre rondas de violencia frecuentes. Israel que rodea la mayor parte de la Franja no permite la entrada ni salida de personas, bienes o mercancías, lo que ha llevado a la población a una situación crítica.

En la franja de Gaza demasiadas personas carecen del agua limpia imprescindible para el saneamiento, lo que junto con el hacinamiento crea unas condiciones perfectas para la propagación del virus. “Si entras en estos campamentos te darás cuenta de que entre las casas es imposible medio metro de separación”, explica la doctora Ghada AlJadba, directora del programa de salud de UNRWA en Gaza. “No pueden tenerlo. En cada hogar viven familias numerosas con diferentes circunstancias, con personas enfermas, personas mayores… Es imposible aislarles de los niños. Hablar de medidas de distanciamiento social es muy difícil en estas condiciones de pobreza, de infraestructura tan pobre, sin electricidad, sin apenas agua. ¿Cómo puedo decirles o aconsejarles a estas personas que tengan una distancia de separación de 1 metro o 2? ¿Cómo puedo decirles que laven sus manos, que usen gel hidroalcohólico?”

Si la situación ya era dramática, la última escalada de violencia no ha hecho más que empeorarla. Los 11 días de bombardeos han destruido los servicios de electricidad y agua, y han afectado a las tres principales plantas desalinizadoras de Gaza. Se calcula que más de un tercio de la población no tiene acceso a un suministro regular de agua limpia. Además, el sistema de salud, ya muy debilitado por el bloqueo y la pandemia, se ha visto muy afectado. Los bombardeos no sólo han provocado una mayor demanda de servicios médicos, casi 2.000 personas resultaron heridas durante la ofensiva, sino que también han destruido infraestructura médica crítica. Los ataques aéreos dañaron 9 hospitales y 19 clínicas, así como el principal laboratorio de análisis COVID de Gaza.

La ofensiva ha provocado unas condiciones óptimas para la propagación del virus. Con la vacunación parada, sin capacidad de detección y con decenas de miles de personas hacinadas en refugios, preocupa ahora una nueva ola de COVID-19 en Gaza que podría ser catastrófica.

En UNRWA hemos adaptado nuestros servicios a la pandemia repartido las cestas de alimentos casa por casa a las personas más vulnerables, las medicinas a los enfermos y enfermas crónicos que pertenecen a grupos de riesgo, abierto líneas telefónicas para consultas y apoyo psicológico y garantizando el derecho a la educación a través de nuestros recursos online.

Las 144 clínicas de UNRWA siguen en pleno funcionamiento y continúan brindando servicios esenciales, que son más cruciales que nunca para contener y abordar la propagación de la pandemia.

El hacinamiento de la comunidad de refugiados y refugiadas de Palestina en sus hogares y campamentos representa un desafío muy importante para quienes necesitan una cuarentena domiciliaria. Por lo que UNRWA también estableció centros de aislamiento y cuarentena. Muhammad, refugiado de Palestina, estuvo aislado con su hija en el hospital durante 13 días: “Fue un período muy difícil para mí en el hospital porque no tenía nada de contacto con el exterior y no podía moverme de la habitación, pero después de 13 días nos trasladaron al Centro de Aislamiento de Siblin.  Allí era muy diferente. Podíamos salir al jardín del centro y si le pedías algo al equipo te atendían enseguida”.