En España, la protección del medioambiente empezó a regularse cuando se promulgó la Constitución en 1978. De hecho, en el artículo 45 de la Carta Magna se establece el derecho a disfrutar de un medioambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. El artículo, además, señala a los poderes públicos como garantes de la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medioambiente. En consecuencia, según la legislación vigente, se contemplan sanciones y la obligación de reparar el daño causado para quienes no cumplan con la normativa medioambiental.

Este derecho, cuyas competencias se reparten entre el Estado, las Comunidades Autónomas y los municipios, se protege mediante diferentes leyes, reglamentos, reales decretos y órdenes que obligan a la conservación de la biosfera y afectan directamente a las empresas.

Sin ir más lejos, la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, facilita el examen de proyectos a través de criterios de sostenibilidad; la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, asegura la utilización racional de los recursos materiales y energéticos; La Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados, garantiza la óptima gestión de los residuos; así como El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático despliega medidas para paliar los efectos nocivos que comportan los cambios que se están produciendo en el clima.

La existencia de una normativa regulada ha supuesto una mejora sustancial en el comportamiento ecológico de las empresas, pues el incumplimiento de la misma acarrea, como mínimo, sanciones que conllevan evidentes sobrecostes. Por otra parte, las buenas prácticas medioambientales permiten optar a subvenciones y concursos públicos.

En cualquier caso, estas buenas prácticas requieren de unos valores corporativos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por la ONU o con tratados y acuerdos internacionales, como el de Kioto (1997) o el Acuerdo de París (2015), que persiguen, entre otros aspectos, la sostenibilidad de las empresas.

De ahí que el compromiso ético de las compañías con su gestión corporativa sea fundamental para garantizar un modelo productivo sostenible y preocupado por el impacto en el ecosistema.

Generalmente, la puesta en marcha de un plan corporativo se acompaña de un sistema de gestión ambiental (SGMA), que permite integrar regulaciones como el EMAS (sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales) o el ISO 14001, que sirve para la prevención de daños medioambientales en el conjunto de la compañía y certifica el cumplimiento de la normativa medioambiental.

Un claro ejemplo de responsabilidad medioambiental es la planta de Ence en Pontevedra que, más allá de cumplir con los requisitos legales, se ha dotado de mecanismos de control que vigilan y aseguran que la calidad del aire y el agua en los alrededores de esta biofábrica se sitúen por debajo de los límites fijados por la normativa vigente. Asimismo, la compañía, en su proceso de trasformación hacia una empresa 100% sostenible, publica diariamente en su web sus indicadores ambientales. Dichos datos aparecen comparados con los parámetros establecidos por la Autorización Ambiental Integrada, para que cualquier ciudadano pueda comprobar su desempeño ambiental.

El trabajo de Ence está dando sus frutos y prueba de ello es que en el área de la Ría de Pontevedra próxima a la biofábrica hay siete playas con el distintivo de bandera azul de la UE: Cabeceira, en Poio; Portocelo, Mogor, Aguete, Santo do Mar y Loira, en Marín; y Panadeira, en Sanxenxo.

También el sector energético, uno de los más relevantes en la conservación del medio ambiente y la biodiversidad, está adoptando medidas que minimizan su impacto directo en el entorno. Sin ir más lejos, Iberdrola fomenta el desarrollo de nuevas tecnologías y procesos que contribuyen a frenar el cambio climático y permiten hacer frente a otros retos medioambientales como, por ejemplo, el uso racional y sostenible del agua.

En 1987, la Comisión Mundial del Medio Ambiente incluyó en su informe Brundtland la definición precisa sobre desarrollo sostenible: “aquel que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.

Partiendo de esta premisa, la Comisión Europea, en el marco de sus Objetivos para 2020, que definen la política, estrategia y legislación de la Unión Europea (UE) para los objetivos medioambientales, energéticos y climáticos, ha implementado su Plan para la Economía Circular con el propósito de incrementar la competitividad sin poner en riesgo el bienestar global de las generaciones del futuro.

Con el objetivo de acelerar la transición a una economía circular, la Comisión Europea ha destinado, desde 2016, más de 10.000 millones de euros de fondos públicos a este fin. La medida pretende reducir el consumo de recursos naturales, minerales o energéticos ahorrando costes y aumentando la (eco)eficiencia y la productividad.

Partiendo de la base circular del diseño, uso, reutilización y reciclaje de productos, la UE se ha fijado como meta que todos los envases de plástico comercializados en el mercado europeo sean reutilizables o reciclables en 2030. El Plan de acción prevé que, siguiendo sus directrices, diez millones de toneladas de plástico reciclado se conviertan en productos nuevos hasta 2025.

El objetivo es que dicha regulación, aunada al resto de leyes medioambientales y apoyada por el sólido compromiso corporativo, asegure la excelencia medioambiental de las empresas. En definitiva, que las compañías emprendan el camino de la sostenibilidad y que sus actividades y proyectos respeten nuestro entorno.